“¡No estamos de acuerdo  en que el gobierno de Trump quiera desaparecer Obamacare!”, dijo un motociclista viejo. “¡No vamos a tolerar perder trabajos si el gobierno desata una guerra comercial!”, protestó una bibliotecaria. Los electores republicanos que votaron por Trump  parecían furibundos con el nuevo gobierno de Estados Unidos.

Los constituents gringos habían hecho algo común en Estados Unidos: citar a sus congresistas para llamarlos a cuentas y ordenarles qué posiciones llevar al Congreso, una escena tan extravagante y poco probable en México como un diputado regresando a su distrito a informar y seguir las órdenes de sus electores.

Esas imágenes y sus contrastes me dieron en la cara justo un día que recorría la Cámara de Diputados: en sus oficinas de San Lázaro, la mayoría del PRI había decidido descartar de la agenda del día, en el último momento, una iniciativa que un día antes había anunciado para reformar la Ley de Aviación Civil para proteger los derechos de los pasajeros del transporte aéreo afectados por la sobreventa de boletos, la cancelación y el retraso de vuelos y otras decisiones tomadas por las aerolíneas de manera manera unilateral.

Se trata de una de las formas de corrupción más comunes en los reductos legislativos del país y funciona así: la mayoría legislativa que tiene el control de los órganos de gobierno anuncia un dictamen sobre cierto asunto (por ejemplo los derechos de los usuarios en las aerolíneas), las compañías de aviación se alertan y activan el cabildeo que no es otra cosa que pagar millones de pesos bajo el agua a algunos diputados para que se desentiendan de la iniciativa.

Mientras en Estados Unidos miles de republicanos gritan furiosos contra Trump, en México los town halls pueden ser suplantados por sobornos de particulares que se imponen a las exigencias y los derechos de la mayoría.