El expresidente de El Salvador, Francisco Flores, está acusado de peculado y enriquecimiento ilícito y, después de tres meses prófugo, se encuentra bajo arresto domiciliario.
En Colombia se cuentan por decenas los legisladores, alcaldes y gobernadores acusados de corrupción o de vínculos con los paramilitares o con narcotraficantes.
En Brasil, a unos días de la primera vuelta de la elección presidencial, la corrupción de funcionarios es tema central del debate, a raíz de una denuncia del exdirector de Petrobras.
Pero no se quedan ahí. Basta citar un caso emblemático: José Dirceu, fundador del Partido del Trabajo y ministro en el gobierno de Lula, está en la cárcel, junto con otros colaboradores del expresidente.
Hablar de estos casos, por supuesto, no implica celebrar que se acabó la corrupción en El Salvador, Colombia o Brasil. Todavía es, como en el resto de América Latina, uno de los problemas urgentes que deben enfrentar esos países y un motivo central por lo que sus poblaciones se muestran cada vez más decepcionadas de la democracia.
Pero aún así, confieso que me da envidia.
¡Un expresidente a juicio!
¿Cuál es el último secretario de estado en México juzgado por corrupción? ¿El último legislador? Bueno, al menos el último gobernador.
Alguien dirá que arrancamos el sexenio con el arresto de Elba Esther Gordillo, pero nunca está de más recordar que fue acusada de usar para su beneficio los recursos del sindicato de maestros que dirigía, pero que en su lugar pusieron a quien era su secretario de finanzas.
Lo cierto es que, el contraste más notable entre los casos de estos tres países latinoamericanos y México es que el arresto de estos funcionarios golpea directamente una de las causas más importantes de la corrupción: la impunidad, el saber que no importa lo que hagas o cuántas veces te denuncien medios, organizaciones o ciudadanos, simplemente no pasará nada.
El tema viene a cuento por la insistencia del presidente Enrique Peña Nieto de subrayar que la corrupción es un tema cultural.
Atrapado en la entrevista que le hicieron hace tres semanas un grupo de periodistas en este resbalón, decidió insistir en ello en un discurso, el lunes pasado.
No quiso rectificar. Prefirió afirmar que hay nuevas instituciones y leyes orientadas a combatir este problema cultural, pero hizo de lado que la impunidad es la marca del sistema político mexicano.
Habló sobre nuevas herramientas para combatirla, pero no dijo nada sobre la falta de pruebas de que servirán de algo. ¿Cuándo caerá el primero? La alternancia, en el año 2000, sólo nos dejó decepciones.
Hoy, las quejas contra gobernadores, líderes sindicales o legisladores se acumulan. Y lo que se vuelve un tema cultural es nuestro nivel de tolerancia, nuestra capacidad para resignarnos y para normalizar que un funcionario puede y hasta debe enriquecerse.
(DANIEL MORENO / @dmorenochavez)
